Municipalidad deberá pagar más de ¢1.000 millones a exempleados Featured

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Juzgado rechazó caso en casación y ahora solo queda negociar la ejecución de la pena. 

 

El sonado caso de los exempleados municipales que fueron despedidos a finales del 2011 por la administración municipal de aquel entonces, y que pese a que recibieron todas sus prestaciones legales decidieron demandar a la Municipalidad, porque consideraron que su despido fue injustificado, parece haber llegado a su final y con malas noticias para la institución.

 Según el voto de la Sala Primera, del pasado 24 de noviembre, se rechazó de plano el recurso de casación interpuesto por la Municipalidad de Coronado, tras el fallo del 2017 que le dio la razón a los demandantes, por lo cual ahora este ente, una vez sea notificado, deberá pasar a la etapa de ejecución de la sentencia para establecer los millonarios montos de indemnización que deberán recibir los 7 funcionarios que interpusieron la querella y determinar cuáles de ellos desean ser reinstalados en sus puestos.

El contexto de estos despidos se dio en el 2011, cuando el Concejo Municipal de aquella época, basado en  la crisis financiera que enfrentaba la Municipalidad de Coronado, pidió al entonces alcalde, Leonardo Herrera, que redujera el presupuesto en ¢100 millones atendiendo una recomendación de la Contraloría.

Herrera, como una de las medidas para ajustar el presupuesto, según la solicitud del Concejo, decidió cerrar 13 plazas. Tras recibir sus prestaciones de ley, 7 de dichos funcionarios decidieron contratar a Gustavo Solís, exabogado de esta Municipalidad, quien tiempo atrás había sido despedido por Herrera, por lo que planteó una demanda que ganó, recibiendo una indemnización de ¢120 millones.

El Coronadeño contactó a Solís, quien dijo que "en efecto me enteré de la existencia del por tanto del caso por la Sala Primera.  La última vez que trabajé en ese caso fue en el año 2017 cuando se realizó el juicio, se obtuvo la sentencia de primera instancia y la Municipalidad planteó en contra de ella el recurso de casación que vino ahora a rechazar de plano la Sala Primera, luego de tres años.  En este caso, por encontrarme laborando como Juez del Poder Judicial, no puedo por el tema de estar sujeto a prohibición, referirme a lo que va a pasar con el proceso, lo que puedo hacer es comentar los antecedentes del caso".  

Solís dice que aceptó el caso después de estudiarlo bien cuando detectó que “hubo vicios de nulidad importantes en el proceso”. Afirma que la administración municipal quiso justificar los despidos basada en el artículo 146 del Código Municipal, bajo la figura de la reorganización integral de las dependencias municipales. “Me doy cuenta luego de entrevistarlos y hacer una investigación que el estudio técnico que se requería para fundamentar el despido se hizo días después de que el Concejo tomó el acuerdo de cerrar las plazas”, y por ese portillo ingresó el abogado y este fue determinante para definir el fallo de los jueces.

Durante el proceso se probó, incluso por el mismo testimonio dado por Carlos Rodríguez, presidente de aquel Concejo, que este órgano colegiado no estaba enterado de cuáles eran los verdaderos requisitos que tenían que cumplirse en el momento de aprobar el presupuesto en el que venían contemplados los cierres de plazas.

Según Solís, en este caso se actuó al revés, se hizo el recorte y luego les dijeron a los funcionarios Esmeralda Acuña y Óscar Ureña que hicieran el estudio para justificar por qué se cerraban esas plazas.

La posición municipal de que hubo un estudio técnico perdió fuerza ante las declaraciones de Esmeralda Acuña, jefe de Recursos Humanos en aquel momento y que luego sería despedida en el 2014 (planteándole también un juicio a la Municipalidad que lo ganó y ahora está en casación), cuando según sus declaraciones el tribunal pudo establecer que el propio día de la aprobación del presupuesto, en una reunión en la oficina del alcalde con este y unos regidores del Concejo se les dio a conocer sobre las plazas que se iban a eliminar.

Acuña reconoció literalmente en su comparecencia ante los jueces que ella no realizó el estudio técnico que luego firmó sino lo que hizo fue hacer un acopio de las razones que le dieron los directores y funcionarios de la Municipalidad para cerrar esas plazas, y las remitió a la secretaria del Concejo para que se las adjuntaran al presupuesto y mandarlo a la Contraloría de la República.

Ante la pregunta puntual del juez Rodolfo Marenco: “…es decir, sólo transcribió sin cuestionar, sin valorar desde su punto profesional de recursos humanos  lo que venía en ese informe, ¿nada más?, la funcionaria, en voz baja, contestó “Sí”. Y cuando el presidente del tribunal le preguntó concretamente: “¿cuál fue el valor técnico que usted le dio a este estudio? Ella respondió: “Diay, te diría que nada,  entonces, porque lo único que hice fue transcribirlo”. Esas declaraciones sin duda pesaron mucho en el juicio.

Solís afirma que a dicho estudio nunca se le puso un sello de recibido,  “porque eso iba a evidenciar que el documento se hizo después de que el Concejo tomó el acuerdo”.

El caso de estos 7 empleados que recibieron la carta de despido en setiembre del 2011 y que laboraron hasta el 31 de diciembre de ese año, llegó a juicio a mediados del 2017 luego de un proceso confuso sobre la defensa legal de la Municipalidad, que carecía de un jefe de departamento (fue uno de los despedidos), y de que las abogadas municipales tuviesen criterios encontrados sobre a cuál le correspondía la defensa de este caso. Finalmente el caso lo llevó otra abogada, contratada ya cuando el Concejo y alcalde relacionados con el caso habían dejado la Municipalidad.

Tras el fallo del 2017 la administración municipal, en ese entonces ya a cargo del  actual alcalde Rolando Méndez, llevó el caso a casación donde ahora fue rechazado de plano.  Según Solís “ni siquiera dice que rechaza el recurso por el fondo, sino que rechaza de plano todos los argumentos que planteó la Municipalidad”, y ahora hay que esperar que se notifique el voto para conocer los detalles.

 

¿Qué viene?

Ahora viene la ejecución de sentencia en la que los exempleados serán representados por Juan Tovar González, ante el impedimento ya expresado por Solís.

Tovar esperará la notificación integral del voto para empezar a hacer los cálculos de la indemnización que le corresponde a cada uno de los exempleados y determinar cuáles de ellos van a querer reinstalarse en su puesto, porque la condena así lo estableció. Aunque el por tanto de la sentencia no lo dice, quienes acepten reinstalarse tendrían que devolver el monto de las prestaciones que recibieron en el 2012.

A ellos se les tendría que pagar los salarios caídos desde la fecha que se les despidió hasta la reinstalación, incluidos sueldos, aguinaldo, salario escolar y vacaciones, más los intereses  y  ¢500 mil colones que el juez les otorgó por daño moral a cada uno. A este respecto Solís aclaró que por esta causa (daño moral)se había pedido un total de ¢100 millones por los 7 empleados y no ¢700 millones como luego se quiso hacer ver.

Se presume que la cifra a pagar por la Municipalidad llegaría a los mil millones de colones más las costas. En el caso de ejecución de sentencia, la Municipalidad podrá entrar en un proceso de negociación con los 7 exempleados, lo cual permite el Código Procesal Contencioso.

Aunque se buscó un criterio municipal acerca de este fallo de casación, se nos dijo que esperarán a recibir la debida notificación para referirse al tema, que también sería visto en el Concejo Municipal para establecer los alcances y responsabilidades tras esta sentencia, aunque la demanda inicial fue hecha solo en contra de la Municipalidad.

 

 

Gustavo Solís, exabogado municipal, vuelve a ganarle otro caso a la Municipalidad de Coronado.

 

El fallo de casación ratifica la sentencia del 2017 y, entre otros hechos, que para el presupuesto aprobado para el 2012, el Concejo Municipal oficialmente no conocía el supuesto estudio técnico de las plazas que se eliminaron.

 

Pese al fallo, el exalcalde Leonardo Herrera insiste que si hubo estudio técnico, el que se envió a la Contraloría (guarda la copia) y que los miembros del concejo sí lo conocían cuando aprobaron el presupuesto.

 

El dato

Los exempleados que demandaron y le ganaron el juicio a la Municipalidad fueron Gustavo Berger Salazar, Giselle Castro Méndez, Jorge Cordero Fernández, Daniel Fuertes Umaña, Silvia Jiménez Chacón, Francisco Vega Araya y William Aguirre Caballero

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